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Para el cálculo de sus honorarios y derechos, se estará a las normas sobre honorarios de abogados de cada Colegio, así como a los aranceles de los procuradores vigentes en el momento de la sustanciación del proceso.

Artículo 37 Subvención

Las Administraciones públicas competentes, asegurando el derecho a la asistencia jurídica gratuita al que se refiere el SILLE Sandalias con plataforma pine tree green MEGA NRGY KNIT WNS - Zapatillas de running neutras - rock ridge/puma white APPROACH GTX - Botas de senderismo - petrol/limone YOGA CHAKRA - Sandalias de dedo - black WIDE FIT DUTY - Botines bajos - khaki Ftno6yLZ
, subvencionarán con cargo a sus dotaciones presupuestarias la implantación, atención y funcionamiento de los servicios de asistencia jurídica gratuita por los Colegios de Abogados y de Procuradores.

Reglamentariamente se establecerá el sistema a través del cual se subvencionará, con cargo a las dotaciones presupuestarias de las Administraciones públicas competentes, el coste que genere a los Consejos Generales y Colegios profesionales de Abogados y Procuradores el funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita, de las unidades encargadas del asesoramiento y la orientación previos al proceso a los ciudadanos y de la calificación provisional de las pretensiones solicitadas.

Dicho sistema se ajustará en todo caso a las siguientes reglas:

Los Consejos Generales de la Abogacía Española y de los Colegios de los Procuradores de los Tribunales de España distribuirán entre los Colegios de Abogados y de Procuradores el importe de la subvención que corresponda a la actividad desarrollada por cada uno.

Los Consejos Generales y los Colegios, en cuanto entidades colaboradoras para la gestión de la subvención, estarán sometidos a las obligaciones establecidas para dichos sujetos por la Ley General Presupuestaria .

Artículo 40 Indemnización por baremo

En atención a la tipología de procedimientos en los que intervengan los profesionales designados de oficio, se establecerán, previo informe del Consejo General de la Abogacía Española y del Consejo General de los Colegios de los Procuradores de los Tribunales de España, las bases económicas y módulos de indemnización por la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita.

Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita darán traslado a los Colegios profesionales correspondientes a su ámbito territorial de las quejas o denuncias formuladas como consecuencia de las actuaciones de los profesionales encargados de los servicios colegiales de asistencia jurídica gratuita, sin perjuicio de aquellas actuaciones judiciales que resultaren procedentes.

Los Colegios estarán obligados a comunicar a las citadas Comisiones las resoluciones y medidas adoptadas como consecuencia de los expedientes disciplinarios que, en su caso, fueran incoados. Dichas resoluciones podrán ser recurridas por las Comisiones.

El régimen disciplinario de los abogados y Procuradores de los servicios de asistencia jurídica gratuita se regirá por las mismas reglas establecidas con carácter general para el desempeño de dichas profesiones, con las siguientes especialidades:

Abierto un expediente disciplinario por un Colegio profesional como consecuencia de quejas o denuncias formuladas por los usuarios de los servicios de asistencia jurídica gratuita, y cuando la gravedad de los hechos denunciados así lo aconseje, podrá acordarse la separación cautelar del servicio del profesional presuntamente responsable de aquellos hechos, por un período máximo de seis meses hasta tanto se resuelva el expediente disciplinario incoado al efecto.

El Ministerio de Justicia e Interior, a través de la Autoridad Central receptora de la aplicación en España del Convenio Europeo relativo a la transmisión de solicitudes de asistencia jurídica gratuita de 27 de enero de 1977 y del PERLA Zapatos altos nude BENASSI JDI PRINT - Sandalias planas - black yZlvJPnoH5
, formulará ante las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita las solicitudes de justicia gratuita formuladas al amparo de dichos Convenios.

La tramitación de las solicitudes de justicia gratuita a que se refiere el artículo anterior, se ajustará a las reglas de procedimiento establecidas en esta Ley, con las siguientes excepciones:

Artículo 46 Ámbito de aplicación

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Vicenç Navarro

Una de las razones que se dan para exigir que haya más mujeres en las Cortes Españolas, en los parlamentos autónomos -incluyendo la Generalitat de Cataluña- y en los gobiernos municipales es que las mujeres, que constituyen el 51% de la población española y catalana, están subrepresentadas en los órganos de gobierno de este país. Sólo el 22% de los representantes políticos españoles son mujeres. Parece lógico, por tanto, que deba corregirse este déficit de representatividad, a fin de que la mitad de nuestra ciudadanía esté mejor representada por sus iguales en los organismos de decisión política. Esta justa petición de corrección del déficit de representatividad asume que las representantes políticas serán, por lo general, más sensibles a las necesidades y preocupaciones de las mujeres que los hombres puesto que aquéllas conocen mejor la experiencia cotidiana de ser mujer que éstos. Es de sobras conocido que los hombres son menos conocedores y por tanto menos sensibles a los problemas de la cotidianidad familiar (como son la muy reducida disponibilidad de servicios públicos de ayuda a la familia tales como escuelas de infancia de cero a tres años o servicios domiciliarios de ayuda a personas dependientes) que las mujeres.

La comunalidad en la experiencia cotidiana entre representantes y representados es considerada como un elemento muy importante en la representatividad democrática. Otra razón que se aduce para corregir tal déficit de representatividad es que es importante para la mujer verse representada no sólo por hombres, sino también por mujeres a fin de ver que no existe discriminación en contra de su sexo en la sociedad en que vive. El simbolismo de la representatividad es enormemente importante en una cultura democrática. Estos son argumentos de peso que explican la presión popular para que haya más mujeres entre nuestros representantes políticos. Ahora bien, es interesante señalar que esta argumentación que considero lógica, razonable y convincente no se aplique con igual intensidad para corregir el mayor déficit democrático existente en este país, que es la discriminación de clase. Me explicaré.

En contra de lo que se asume en la sabiduría convencional de España, en este país y en Cataluña hay clases sociales, y su importancia en configurar la experiencia cotidiana es fundamental. En realidad, la clase social a la que la persona pertenece es la característica que permite predecir con mayor exactitud los años de vida que cada persona tiene (o esperanza de vida), su nivel educativo, el tipo de vivienda en la que reside, el tipo de trabajo que realiza y muchos otros indicadores de calidad de vida. La evidencia científica existente no apoya la sabiduría convencional que asume que las clases sociales están desapareciendo y / o que la mayoría de la ciudadanía es o se siente clase media. Antes al contrario, la evidencia existente muestra que hay clases sociales y que la manera como la gente vive y muere depende de su ubicación en la estructura social. Un ejemplo entre muchos otros, es el análisis de cómo y cuándo la gente muere. Como promedio, los miembros de la burguesía viven dos años más que los miembros de la pequeña burguesía, la cual vive dos años más que las clases medias profesionales, las cuales viven dos años más que la clase trabajadora cualificada, la cual vive dos años más que la clase trabajadora no cualificada, la cual vive dos años más que los desempleados crónicos o con temporalidad crónica. En total hay 10 años de vida de diferencia entre los dos extremos sociales (en la UE son siete años).

Tampoco es cierto que la mayoría de la ciudadanía se defina como clase media, lo cual únicamente ocurre cuando se le pregunta al encuestado si es miembro de la clase alta, media o baja (tal como se hace erróneamente en varias encuestas de la Administración pública tanto central, como autonómica y local), en cuyo caso, como es predecible, la gran mayoría responde que pertenece a la clase media. Cuando se le pregunta a la ciudadanía de una manera un tanto más rigurosa si es miembro de la clase alta, de la clase media o de la clase trabajadora, hay más gente que declara ser de clase trabajadora que de clase media. Según la encuesta del CIS de noviembrede 2001, el 51% es clase trabajadora y sólo el 34% clase media, incluyendo en tal categoría tanto las viejas como las nuevas clases medias.

No es fácil conseguir información sobre la clase social de los representantes políticos en España, pero sí en cambio puede obtenerse una variable que está relacionada con la clase social, que es la educación, puesto que el 70% de graduados universitarios, por ejemplo, procede de familias de clase media alta y alta. Pues bien, la mayoría de parlamentarios en España (a nivel estatal y autonómico) son graduados universitarios. El porcentaje de la ciudadanía en general que son graduados universitarios y tienen estudios superiores, sin embargo, es sólo del 14%, lo cual muestra la distancia social existente entre los representantes y los representados en nuestra sociedad.

Se me dirá que la profesionalización de la política conlleva esta situación que explica esta distancia social. Ahora bien, no hay ninguna evidencia que muestre que los pocos representantes políticos que hoy existen en nuestras instituciones representativas que eran miembros de la clase trabajadora antes de salir elegidos representantes (el 6%) sean menos eficaces en su representatividad que los que pertenecen a otras clases sociales. Antes al contrario, los problemas de la cotidianidad de las clases populares tendrían mayor atención y visibilidad política si hubiera menos distancia entre los representantes y los representados. La reciente protesta popular en contra de la adquisición por parte de los representantes políticos del derecho de acceso a las máximas pensiones tras un periodo de servicio de sólo cuatro años obedece precisamente a este deseo de reducir esta distancia social.de 2001, el 51% es clase trabajadora y sólo el 34% clase media, incluyendo en tal categoría tanto las viejas como las nuevas clases medias.

No es fácil conseguir información sobre la clase social de los representantes políticos en España, pero sí en cambio puede obtenerse una variable que está relacionada con la clase social, que es la educación, puesto que el 70% de graduados universitarios, por ejemplo, procede de familias de clase media alta y alta. Pues bien, la mayoría de parlamentarios en España (a nivel estatal y autonómico) son graduados universitarios. El porcentaje de la ciudadanía en general que son graduados universitarios y tienen estudios superiores, sin embargo, es sólo del 14%, lo cual muestra la distancia social existente entre los representantes y los representados en nuestra sociedad.

Se me dirá que la profesionalización de la política conlleva esta situación que explica esta distancia social. Ahora bien, no hay ninguna evidencia que muestre que los pocos representantes políticos que hoy existen en nuestras instituciones representativas que eran miembros de la clase trabajadora antes de salir elegidos representantes (el 6%) sean menos eficaces en su representatividad que los que pertenecen a otras clases sociales. Antes al contrario, los problemas de la cotidianidad de las clases populares tendrían mayor atención y visibilidad política si hubiera menos distancia entre los representantes y los representados. La reciente protesta popular en contra de la adquisición por parte de los representantes políticos del derecho de acceso a las máximas pensiones tras un periodo de servicio de sólo cuatro años obedece precisamente a este deseo de reducir esta distancia social.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 26 de marzo de 2002

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